DE LA PRETENDIDA REFORMA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LA RECTIFICACIÓN DEL GOBIERNO

Por Conrado Moreno Bardisa, Socio Director de Bardisa y Asociados

Desde que se produjera el anuncio de reforma exprés sobre el sistema de elección de los miembros del CGPJ, el Gobierno de coalición se ha visto comprometido por diversas críticas desde prácticamente todos los sectores de la judicatura, del resto de operadores jurídicos y finalmente, desde Bruselas y el Consejo de Europa, lo que ha reconducido al ejecutivo a rectificar.

Hace apenas dos semanas el ejecutivo de coalición anunciaba la proposición de ley para la reforma “exprés” del sistema de nombramientos de los miembros del CGPJ ante la situación de bloqueo institucional generada por la negativa de los partidos políticos que configuran el arco parlamentario a entenderse en esta cuestión.

Ciertamente el CGPJ lleva en situación de interinidad desde diciembre de 2018 sin que, como señalábamos, los grupos parlamentarios de Congreso y Senado hayan alcanzado los consensos y mayorías necesarias para la renovación de sus miembros, actualmente de “mayoría conservadora”. Es en esta tesitura en la que el Gobierno anunció la proposición de ley haciendo una interpretación del art. 122.3 de la Constitución que permitiría la modificación del actual mecanismo de elección del órgano de representación de los jueces.

La principal consecuencia de la pretendida norma, es la de evitar o sortear la mayoría cualificada de tres quintos impuesta para ambas cámaras legislativas en virtud del citado art. 122.3 CE, y poder elegir así a los seis vocales que corresponden a cada cámara con mayoría absoluta en segunda votación, 48 horas después de una primera en la que se mantendría la mayoría de tres quintos.

Esta reforma no tenía por objeto “democratizar” la Justicia como llegaron a aseverar varios miembros del Ejecutivo, sino más bien todo lo contrario, fortalecer más aún la ya existente politización de uno de los tres poderes del estado, y hacer del Poder Judicial un instrumento sobre el que el Gobierno de turno -con mayoría parlamentaria- pueda extender su influencia, lo que sin duda produce un efecto absolutamente nocivo en la calidad de un Estado de Derecho como el nuestro.

Las principales asociaciones de la judicatura se alzaron en protesta por el nuevo sistema de elección del CGPJ propuesto, alegando su clara inconstitucionalidad. Del mismo modo se produjeron respuestas de rechazo desde distintos ámbitos, Colegios de Abogados y Procuradores, asociaciones de fiscales, y por su puesto desde los grupos parlamentarios de la oposición.

El eco de dichas protestas ante lo que algunos tildan de ataque a la independencia judicial de nuestro país llegó a Bruselas –y por ende al resto de nuestros socios europeos- que han criticado duramente la reforma asimilándola a países con democracias poco sólidas o advirtiendo de serias consecuencias en el seno de la unión como ya ocurriera con reformas similares instadas en Hungría y Polonia.

Especial incidencia ha tenido la carta remitida al Ministerio de Justicia por el Consejo de Europa a través del Presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), Marin Mrcela en la que textualmente advertía a España de que la propuesta «se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de los consejos judiciales y la elección de sus miembros y puede suponer una violación de las normas anticorrupción del Consejo de Europa» anunciando que seguiría de cerca los pasos del ejecutivo, reprochando que no hubiera cumplimentado una serie de recomendaciones efectuadas a nuestro país hace ya siete años que precisamente se dirigían en línea contraria a la reforma, esto es, dotar de mayor independencia al Poder Judicial.

Las distintas llamadas de atención, principalmente de nuestros socios europeos y la previsible interposición de recursos de inconstitucionalidad contra la reforma además de las posibles movilizaciones de los jueces han hecho que el Ejecutivo moviera ficha retirando la proposición de ley, por lo que se espera que trate de buscar nuevamente el consenso necesario para desbloquear la situación, lo que es una buena noticia pues precisamente esa mayoría reforzada necesaria es una garantía para evitar la perversión del Poder Judicial.

Lo acontecido en las últimas semanas debiera servir para que el conjunto de fuerzas políticas abordase de una vez por todas la forma de elección y nombramiento de los vocales del CGPJ, permitiendo que sean los propios jueces y magistrados los que elijan directamente a sus representantes y órganos de gobierno, bien sea volviendo al sistema anterior de elección directa por parte de los jueces que se abandonó en 1985 – tras la reforma de la LO 6/1985 del Poder Judicial- bien articulando un sistema alternativo al actual, en el que en caso de bloqueo por la mayoría de tres quintos, se permita que sean los propios jueces y magistrados quienes desbloqueen la situación proponiendo y nombrando los candidatos.