LA NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONES: ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS

Por Conrado Moreno Bardisa, Socio Director de Bardisa y Asociados

A principios de este mes de julio el Gobierno aprobaba el anteproyecto de ley para introducir modificaciones en el actual sistema de jubilaciones para tratar de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y la sostenibilidad del sistema

Después de arduas negociaciones entre el ejecutivo de coalición, sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) y patronal (CEOE y CEPYME) durante las semanas previas que culminaron en un primer acuerdo, el pasado día 6 de julio de 2021 se aprobó en el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley para la reforma de nuestro sistema de pensiones por el que, entre otras cosas, se penalizarán las jubilaciones anticipadas y se premian-bonifican las que se demoren más allá de la edad legal.

El anteproyecto, cuyo nombre no deja lugar a dudas sobre su finalidad “Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones” supone la introducción de cambios de calado en la Ley General de la Seguridad Social y otros textos complementarios aprobados en el marco del Pacto de Toledo.

Desde el Gobierno se han mostrado muy optimista en que el texto salga adelante con el apoyo de ambas cámaras legislativas y ha sido tildado por el Presidente como “paso crucial para los españoles y, en particular, para nuestros mayores, nuestros pensionistas” congratulándose de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, con el objeto de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Las pensiones se revalorizarán anualmente con la inflación media anual registrada en el mes de noviembre del año anterior, y de resultar negativa la actualización (por bajada del IPC), no se penalizará al pensionista, permaneciendo su asignación inalterable.

Otro de los puntos fuertes es la incorporación de medidas de ajuste dirigidas a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación –desincentivando prejubilaciones voluntarias– con coeficientes que penalizan e incluso, incentivando la demora de la jubilación bonificando cada año que se retrase la jubilación (un 4%) o estableciendo pago único en sustitución de dicho aumento. Se trata en definitiva de una formula ciertamente inteligente para que los trabajadores de nuestro país retrasen su salida del mercado laboral, premiando dicha actitud sin necesidad de modificar por ley –esto es, obligando- el retraso de la edad a la que los españoles deciden jubilarse.

En cuanto a las jubilaciones forzosas en las empresas, se prohíben las cláusulas que obligan a trabajadores a jubilarse por debajo de los 68 años, con excepciones relativas a la mayor presencia de la mujer en el mercado laboral cuando el porcentaje no alcance el 20% en dicha actividad de la empresa.

Un aspecto positivo de la reforma para las empresas que tengan trabajadores de más de 62 años y, por tanto –mayor posibilidad de baja temporal por enfermedad- es que se reducirán las cuotas a la seguridad social de dichos trabajadores un 75%

 Si bien el consenso entre los distintos actores ha sido clave y se han conseguido acuerdos como los observados en una materia tan sensible como las pensiones, lo cierto es que se han pospuesto para más adelante reformas necesarias y que serán conflictivas –reclamadas insistentemente por Bruselas- relativas a la sustitución del “factor sostenibilidad” que vinculaba las pensiones a la esperanza de vida, o como evitar que los jóvenes de hoy carguen con los costes del mantenimiento del sistema cuando lleguen a su edad de jubilación.

En la teoría el “factor sostenibilidad” suponía la revisión a la baja de la cuantía inicial de la pensión para compensar los efectos sobre las cuentas del aumento de la esperanza media de vida con la edad legal de jubilación. Todos recordaremos las desafortunadas palabras del Ministro Escrivá relativas a la generación del “Baby Boom” de las que tuvo que retractarse posteriormente o como se generó de inmediato un clima de opinión contrario en los trabajadores más jóvenes a las posibles reformas que vendrán al considerar el sistema como “una estafa piramidal legal” que no garantiza a los jóvenes de hoy, pensiones dignas para el mañana.

La mayoría de medios de comunicación han mostrado una opinión favorable al anteproyecto de Ley, sin embargo, también la mayoría critica constructivamente que el acuerdo alcanzado con los agentes sociales ha sido sencillo debido a las materias que se han tratado, señalando que se ha dejado lo más difícil para el final, donde se augura una auténtica conflictividad entre todos los agentes sociales, políticos y económicos. Veremos los próximos pasos.